Aumenta la tensión internacional tras mortal tiroteo policial en San Diego contra ciudadano mexicano

México exige una investigación completa ante preocupaciones por derechos humanos; la familia recibe apoyo legal y para la repatriación.

Un tiroteo mortal protagonizado por la policía en San Diego ha generado escrutinio internacional, luego de que el gobierno de México exigiera una “investigación exhaustiva” sobre la muerte de un ciudadano mexicano a manos de las autoridades locales.

El incidente que ocurrio el viernes 4 de abril en el vecindario del sur-centro de San Diego, cerca de las calles 31 y L, ha despertado preocupación diplomática y reavivado el debate sobre el trato que reciben los inmigrantes y las personas de color durante los encuentros con la policía.

En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México condenó el hecho y pidió justicia y transparencia. “Se ha exhortado a las autoridades competentes a que busquen justicia en este caso y respeten los derechos humanos de nuestros connacionales en Estados Unidos”, señala el texto. Funcionarios mexicanos también están brindando apoyo consular a la familia de la víctima y ayudando en la repatriación de sus restos.

Según la Oficina del Sheriff del Condado de San Diego, los agentes fueron alertados poco después de las 10 de la mañana del 4 de abril por una persona que reportó a un hombre que posiblemente portaba un arma de fuego. El presunto sospechoso fue localizado dentro de un vehículo estacionado frente a una iglesia local, acompañado por una mujer.

Después de que la mujer salió del vehículo de manera segura, los oficiales iniciaron lo que describieron como una negociación de aproximadamente una hora con el hombre. La situación se intensificó cuando, según las autoridades, el individuo supuestamente apuntó con un arma a varios oficiales y a un sargento. En respuesta, varios agentes abrieron fuego, matando al hombre en el lugar.

Posteriormente, se confirmó que el sujeto nunca disparó su arma. Dentro del vehículo se encontró una pistola de aire comprimido que simulaba ser un revólver. Ningún oficial resultó herido físicamente durante el incidente.

Defensores de derechos civiles y grupos pro-inmigrantes han expresado su preocupación por la decisión de los agentes de usar fuerza letal, especialmente considerando que el hombre, según los reportes, portaba un arma no letal. Críticos argumentan que los oficiales tuvieron tiempo y oportunidad para desescalar la situación, sobre todo tras una hora de negociación.

“Este es otro trágico ejemplo de cuán rápido pueden volverse fatales los encuentros entre la policía y las personas, especialmente las minorías”, declaró Maricela Luna, vocera de la Coalición de la Frontera Sur. “El hecho de que el hombre nunca disparara su arma genera serias dudas sobre la proporcionalidad del uso de la fuerza y la capacitación policial.”

La intervención del gobierno mexicano agrega peso diplomático al caso. Autoridades consulares ya han establecido contacto con la familia del fallecido, ofreciendo asistencia legal y colaborando con la coordinación del traslado del cuerpo a México. También los han puesto en contacto con abogados especializados en derechos civiles para explorar posibles acciones legales.

No es la primera vez que un tiroteo policial en Estados Unidos provoca una respuesta formal del gobierno mexicano. Incidentes similares en el pasado han derivado en demandas, protestas comunitarias y tensiones en las relaciones bilaterales.

La Oficina del Sheriff del Condado de San Diego informó que actualmente se lleva a cabo una investigación completa y que se revisarán las grabaciones de las cámaras corporales y otras pruebas. Aún no se han revelado los nombres de los oficiales involucrados, ni se han anunciado cargos penales o sanciones internas.

Mientras avanza la investigación, tanto el público como los observadores internacionales esperan más detalles, especialmente sobre si el uso de la fuerza por parte de los oficiales será considerado justificado bajo la ley de California. En paralelo, organizaciones de derechos humanos están pidiendo mayor rendición de cuentas, transparencia y reformas en los protocolos policiales, sobre todo en casos que involucran a personas en crisis o que portan armas no letales.