Jueza federal insiste en que Estados Unidos debe permitir el regreso de joven venezolano deportado, pese a antecedentes penales

La jueza federal Stephanie Gallagher ratificó su decisión que obliga al gobierno estadounidense a facilitar el retorno de Daniel Lozano-Camargo, un joven venezolano de 20 años deportado a El Salvador en marzo, bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.

Gallagher, designada durante la administración Trump, rechazó la solicitud del gobierno de modificar su fallo anterior, en el que se establecía que la expulsión de Lozano-Camargo contravenía un acuerdo alcanzado en 2024 entre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y un grupo de jóvenes migrantes que ingresaron como menores no acompañados. El pacto estipulaba que estos jóvenes no serían deportados antes de que se resolvieran sus casos ante tribunales estadounidenses.

Aunque la jueza accedió a suspender temporalmente su decisión por 48 horas para que el gobierno pueda presentar una apelación ante la Corte del Cuarto Circuito, enfatizó que el caso no gira en torno a si el solicitante de asilo obtendrá o no protección, sino al derecho fundamental al debido proceso legal.

Lozano-Camargo fue previamente detenido por posesión de drogas en Houston, lo que, según el gobierno, lo descalifica del grupo protegido por el acuerdo. Las autoridades sostienen que, al ser designado como "enemigo extranjero", su deportación fue válida y conforme a la normativa vigente.

Por su parte, Gallagher insistió en que no corresponde prejuzgar un caso sin permitir la presentación de argumentos en una corte. “El proceso legal es esencial, incluso cuando se presume el resultado”, dijo la jueza, añadiendo que no se puede omitir el juicio por conveniencia.