Trump congela fondos a Harvard por antisemitismo y falta de reformas: universidades reaccionan con demandas federales

La administración del presidente Donald Trump congeló $2,200 millones en fondos federales destinados a la Universidad de Harvard, exigiendo reformas inmediatas en gobernanza, procesos de admisión y contrataciones basadas en mérito, además de una revisión total de sus programas de diversidad y su postura frente al antisemitismo.

La medida ha sido recibida con fuertes críticas desde el ámbito académico, lo que ha llevado a la presentación de demandas conjuntas por parte de diez universidades y tres asociaciones.

El presidente Trump justificó la decisión en un comunicado en Truth Social, calificando a Harvard como una institución "antisemita, de extrema izquierda y una amenaza para la democracia". Criticó duramente el ambiente ideológico del campus, acusando a la universidad de admitir estudiantes que "quieren destruir a Estados Unidos" y de permitir "odio y violencia disfrazados de activismo académico".

La acción del gobierno surge tras las crecientes manifestaciones anti-Israel en campus universitarios de todo el país desde finales de 2023, que expusieron preocupaciones sobre el tratamiento del antisemitismo en instituciones educativas de élite. En ese contexto, la administración solicitó a Harvard y otras universidades revisar sus políticas de admisión internacional para excluir a estudiantes que promuevan valores contrarios a los principios democráticos estadounidenses.

Además, la Casa Blanca advirtió que si Harvard no implementa los cambios antes de agosto de 2025, podrían cancelarse más de mil millones de dólares adicionales en financiamiento. La postura del gobierno es clara: “Los fondos públicos no son un derecho automático. Las universidades que los reciben deben demostrar compromiso con los valores democráticos, la diversidad de pensamiento y el rechazo total a cualquier forma de antisemitismo”, afirmó Harrison Fields, portavoz de la Casa Blanca.

Harvard, por su parte, se niega a cumplir con las condiciones impuestas. Su presidente, Alan Garber, calificó la intervención federal como “un intento ilegal de controlar la educación superior” y presentó una demanda en un tribunal federal en Massachusetts para exigir la restitución del financiamiento.

Pese a su postura pública, reportes de medios como The New York Times indican que altos ejecutivos de la universidad, junto con algunos de sus mayores donantes, intentaron negociar discretamente con la administración Trump antes de la confrontación legal.

La controversia se suma al escrutinio que ya enfrentaba Harvard desde diciembre de 2023, cuando fue severamente criticada por su gestión del antisemitismo en el campus tras los ataques del 7 de octubre. En una audiencia en el Congreso, la entonces presidenta Claudine Gay fue duramente interrogada por sus respuestas ambiguas sobre si incitar al genocidio de judíos constituía acoso, lo que derivó en su renuncia semanas después.

Este enfrentamiento reaviva el debate sobre el papel de las universidades financiadas con recursos públicos: ¿pueden mantener su autonomía mientras reciben fondos del gobierno, incluso si promueven agendas ideológicas controversiales? Para Trump, la respuesta es no.